Acabo de pasar por la plaza Bolívar de Caracas, pleno centro, donde hay grupos de buhoneros desalojados concentrados en discusiones. Los vendedores informales siguen reclamando por la recuperación de sus espacios de venta. Los organismos de seguridad defienden, en nombre de la ciudadanía, los espacios públicos como las calles, aceras y áreas comunes que habían estado secuestrados por el comercio de calle.

Se confronta el derecho al trabajo contra el derecho de todos. Nadie habla de lo ilegal que resulta el trabajo informal. No se puede criminalizar de pronto el trabajo que sostiene al 50% de la fuerza laboral del país.

“Bueno, nosotros los vamos a esperar a ellos, y si no llegamos a un acuerdo, nos entramos a coñazos”, dijo bastante alto uno de los líderes del grupo. Otro con un tubo metálico de sostener tarantines, lo apoyó con ganas de darle un batacazo a algún policía mal parado.

Pero dentro del grupo salió una señora de esas que son más inteligentes que el resto: “No vale, vamos a ponernos una franela roja para ver quién es el guapo”.

Y al parecer creció el consenso rápidamente. En nombre de los votos que las clases populares le dieron al reelecto gobierno de Hugo Chávez, hoy piden les sea concedido el favor de las salidas sin enfrentamientos, aunque eso no puede significar la impunidad a una actividad laboral que debe regularizarse por el bien de todos.

Las “guarimbas bolivarianas” son más frecuentes desde el año pasado. Ya no resulta extraño que quienes manifiesten, tranquen vías y tomen ministerios lo hagan con franelas rojas, fotografías tamaño familiar del presidente Pop Star y sus consignas a favor de un gobierno que aún les debe soluciones. Recuerdo que en mayo del año pasado, junto con el periodista Hernán Lugo-Galicia, realicé este conteo de protestas populares durante una semana en todo el país. La característica era que el manifestar, además de las exigencias, un apoyo emotivo al Gobierno, servía de salvoconducto para que los planazos no llegaran tan rápido.

Pero a veces, llegan y duelen.