Ayer edité un texto de Víctor Hugo Febres sobre la situación de los periodistas y la prensa ante un Estado errante en sus políticas comunicacionales, por el conflicto con el ratificado Ministro Izarra la semana pasada. A estas alturas del conflicto político entre medios de comunicación y Gobierno, recordemos que se sigue violendo el derecho al acceso a la información pública cada vez que una fuente oficial le prohíbe el paso a cualquier comunicador, como aquí ya es práctica común. O que sean más comunes los eclipses de sol que una rueda de prensa de medios venezolanos con el Presidente de la República.
Se pregunta Víctor Hugo, entre otras cosas:

“Lo que acontece es lo siguiente: se obstruye el acceso a los periodistas provenientes de medios privados en su mayoría, dejando pasar a los que provienen de medios del Estado, comunitarios o considerados alternativos.

Hay una serie de suposiciones que operan en estas medidas por parte del poder y que convendría revisar. Primero se asume que se puede ejercer un control a quien accede a la información que es pública, por lo que unos medios y periodistas son discriminados, y segundo, se asume que los periodistas estatales harán preguntas complacientes, serán militantes, evitarán las preguntas incómodas, harán propaganda. ¿Esto esencialmente es así?”

En el tiempo que lo viví, fue así.