Desde hace dos semanas, algunos periodistas y políticos opositores han denunciado que en el aeropuerto de Maiquetía, al entrar o salir del país, los están deteniendo para hacer un trámite extra de “chequeo rutinario”: les quitan el pasaporte para sacarle una fotocopia.

Semejante estupidez que hacen nuestros organismos de seguridad, y que ha sido denunciada por César Miguel Rondón, Carla Angola, Alberto Federico Ravell, Leopoldo Castillo, Yon Goicoechea y Heinz Sonntag, resulta súper efectiva. Su objetivo es joder. Joder la paciencia. Desviar la atención. Causar alguna roncha en la dirigencia opositora.

¿Para qué necesita el gobierno hacer otra vez una lista de disidentes? Ya las tiene y de distintos tipos. Las tienen sus ministerios, sus organismos de seguridad y hasta sus grupos armados de base.

¿Por qué necesita una fotocopia? Porque es un medio no invasivo para tener una copia de un documento personal, aunque sea el mismo Estado quien expida esos documentos. Es una redundancia de reafirmación identitaria. Seguro es para averiguarle la edad a Carla Angola o ver una foto tamaño carné de Ravell aún más feo que él, o averiguar el nuevo estado civil de Goicoechea para felicitarlo.

¿Por qué hacerlo justamente a gente con poder político y mediático? Porque tienen respuesta inmediata en medios de comunicación facilmente escandalizables.

¿Es legal? Sí. Tanto como en otros países dicen que son legales algunos métodos aún más humillantes.

¿Es moral? Pocas cosas lo son hoy día en la política nacional.

¿Lo hacen por persecución política, amedrentamiento o retaliación? No. Lo hacen por todo eso y más. Lo hacen por joder. Y la gente cae en el juego y por eso existen posts como estos.

¿Viola esta medida la libertad de prensa en Venezuela? No. Más bien la estimula. Que los periodistas estén advertidos de que salir o entrar del país puede generarles procedimientos de seguridad distintos, malas caras de los funcionarios de aduana, dudas del tipo: “Ah, usted es periodista, ¿y de qué medio?”, les da herramientas para saberse protegidos y seguidos por nuestros eficientes organismos de seguridad. Eso en tiempos de inseguridad puede ser útil.

En definitiva, es una medida excluyente. Los demás ciudadanos también tienen derecho a ser marcados por su Estado. Venezuela debe ser de todos.