Venezuela empuja un carrito de helados en la superautopista de la información. Es en serio. Cuando se revisan las estadísticas globales de portales como netindex.com, que miden la tasa de conexión en todos los países del globo, Venezuela ocupa un deshonroso puesto 163 de 174 países en la lista. El único país latinoamericano o caribeño peor que nosotros es Bolivia, y se explica con su crisis de infraestructura, pero hasta una depauperada Haití y la pobre Nicaragua tienen anchos de banda superiores a los nuestros.

La banda angosta venezolana no se corresponde con nuestra tasa de penetración (más de 11 millones de venezolanos se conectan a Internet), tampoco con nuestra adicción a las redes sociales, tan repetida por quienes vislumbran allí un nicho de negocios inminente. Lo que indica es que nos estamos conformando con poco y que nuestras empresas de telecomunicaciones lo que hacen es repartir más y más tuberías sin cambiar el ducto principal: amplía el acceso, pero lo hace más lento.

Han pasado algunos meses desde que explotara el fenómeno de los delincuentes que expropian cuentas de personas críticas al gobierno en la plataforma Twitter. En estos meses se realizaron denuncias ante los organismos competentes que se mantienen aún en proceso. El resultado es que los delitos aumentan y el silencio oficial continúa. No ha habido pronunciamientos para deslindarse de estos actos viles contra la libertad de expresión. Quizás porque es similar al retiro de concesiones de radio, la prohibición de circulación temporal de diarios, o aquella insólita resolución que censuraba las noticias y fotografías de sucesos en la prensa nacional. ¿Se recuerda eso?

Antecedentes hay de sobra. El que no los tiene aún es el delincuente informático que esta semana, nuevamente, arremetió contra cuentas políticas en redes sociales y realizó amenazas telefónicas.