Recientemente, durante las protestas de Londres, la policía advirtió que algunas personas coordinaban sus acciones a través de teléfonos celulares y redes sociales. ¿Solución? El primer ministro británico, David Cameron, dijo que estaban estudiando la posibilidad de bloquear los servicios de telecomunicaciones. También creó una división de investigaciones que observará Twitter y Facebook para adelantarse a hechos delictivos.

La gente usó, literalmente, lo que tenía a mano para comunicarse. Si cierran la llave, la factura política crecerá. Lo aprendieron por las malas los gobernantes de Egipto y Túnez. Cuando la gente se empodera de una nueva herramienta y se abre un boquete para la necesidad de comunicación, atentar contra eso será peor. No se trata de una defensa del vandalismo y la destrucción urbana, pero no fue una cuenta Twitter la que rompió vitrinas.

Conocemos los medios tradicionales españoles porque nuestros medios suelen beber de ellos con mucha regularidad y cierta complacencia. Son esos medios que aupan la disidencia cubana y sus protestas, cubrieron con mucho riesgo y tesis adelantadas las revoluciones de Medio Oriente y Norte de África a principios de año, siguen con detalle las crisis políticas de América Latina con cierto aire de superioridad… pero esta semana fallaron gravemente en la cobertura de la revuelta que tenían en el propio patio.

Una de las experiencias más curiosas de analizar sobre las protestas que existen en la realidad y en el ciberespacio es la “Revolución de los pingüinos”. Resulta interesante porque fue una movilización estudiantil que durante el año 2006 logró cambiar parte del sistema educativo en Chile, y es particular por varias cosas: es una experiencia latinoamericana, con nuestros contextos y velocidades gubernamentales; sus protagonistas fueron más de 100mil estudiantes de bachillerato (pingüinos) que trabajaron de manera horizontal, sin protagonismos mediáticos ni divos; y buena parte de su éxito se debió la uso intensivo de redes sociales y telefonía celular… aunque ocurrió en 2006, cuando no eran populares Twitter ni Facebook, ni habían caído dictadores al norte de África. (Vea el documental)

La experiencia chilena tuvo dos componentes importantes para su éxito: además de una propuesta coherente por causas justas y bien delimitadas, supieron acompañar la dimensión digital con la de calle. Las informaciones corrían a toda velocidad en blogs, MySpace (uno por grado en cada colegio de la capital), correos electrónicos y mensajería de texto, pero a su vez se traducían en cierres de diversas arterias viales de la ciudad, protestas descentralizadas que desorientaban a los carabineros y orden en las comisiones de negociación y diálogo con las autoridades. Los chilenos se la saben.

Sobre ellos es mejor no decir mucho para no faltar a las reglas de las comunidades anónimas en la red. Sin embargo esta semana fueron noticia porque a raíz de la detención del director de Wikileaks, Julian Assange, hubo coordinación de usuarios para atacar a las páginas que se han prestado para detener la gesta de la web de filtraciones.

Ellos pueden ser cualquier persona con una conexión a Internet, pueden estar en cualquier parte, y según algunos códigos, ellos no olvidan ni perdonan. Son las legiones de “Anonymous”, y esa es sólo una forma de nombrar a la posibilidad que tienen los infociudadanos de hacer uso de identidades desconocidas para ejecutar acciones en masa. Esta semana le tocó recibir ataques cibernéticos a Master Card, Visa, el banco suizo PostFinance, la web del senador estadounidense Lieberman, y la página de pagos electrónicos PayPal, todos ellos por actuar contra Assange.

Se aplicaron ataques DDoS (ataques distribuidos de denegación de servicios), que es el equivalente a que vayamos todos a un ministerio a introducir un documento hasta que la entrada se tape de papeles y nadie más pueda entrar. Es legal, es imparable y es una forma de protesta que demostró ser exitosa. Y además no se quedó allí: muchos otros han dado la cara en marchas a favor de Wikileaks en Australia, España, México, Perú, Argentina y otros países donde los gobiernos no aprueban leyes inconsultas para censurar la Internet.